Pescadores artesanales celebran que la autoridad ambiental solicitó informe de requerimiento

Hasta el Muelle Prat de Valparaiso llegaron cerca de un centenar de pescadores artesanales, miembros del Sindicato SIPSA, pertenecientes a la removida Caleta Sudamericana, que funcionó en el puerto principal hasta agosto de 2013, fecha en que salieron en virtud de un controvertido acuerdo que mientras para los pescadores del Muelle Prat significó un "hasta pronto", para la Empresa Portuaria de Valparaíso, ha pretendido ser entendido como un "adiós definitivo"; con el propósito de hacer pública su alegría por los requerimientos que la autoridad ambiental ha hecho para la expansión del puerto de Valparaíso, en consideración a la afectación que se produjo a al grupo humano que desarrolló por décadas la pesca artesanal en la bahía. 

Cabe recordar, que la agrupación de pescadores artesanales ha manifestado que se sienten víctimas de una política estatal y gubernamental de negación, por la que se ha perseguido que ignorando el problema, sus demandas desaparezcan. Así lo subrayó, José Urrutia, presidente del Sindicato SIPSA, al manifestar que "para nosotros es insultante el hermetismo institucional que ha impuesto la empresa portuaria, que incluso, ha traspasado gobiernos, porque la misma actitud que tuvo el directorio encabezado por Fernando Ramírez, durante el gobierno del presidente Piñera, es la actitud que ha tenido el directorio encabezado por Luis Escobar, que fue elegido durante el actual gobierno: Nos ignoran para hacernos desaparecer, esta no es solo una decisión de EPV, sino que del Gobierno del Presidente Boric". 

No obstante, todo indica que esta controversia empieza aclararse, pues ha sido la propia autoridad ambiental, quien el pasado 1 de junio del presente año, en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de mayo de 2022 pronunciada por el Segundo Tribunal Ambiental, resolvió retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto a la etapa de dictar un nuevo Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones del estudio de impacto ambiental, conocido por sus siglas ICSARA, por los que impone nuevos requerimientos a la Empresa Portuaria para desarrollar el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL, conocido popularmente como el T2, en concordancia a los aspectos ambientales reprochados en la referida sentencia, en donde destaca la necesidad de establecer y compensar los perjuicios que se le ha producido al grupo humano conformado por los pescadores artesanales, que han sufrido la remoción y desarraigo de su caleta en el puerto de Valparaíso, entre otros. 

En este nuevo escenario, de querer continuar adelante con el proyecto de expansión, la Empresa Portuaria, tiene hasta el 31 de julio de 2023 para presentar este informe de corrección ante la autoridad ambiental, sin perjuicio de su posibilidad de solicitar prorroga para cumplir con estos requerimientos, en la que los pescadores artesanales esperan ser considerados exigiendo que se les escuche, como muestra manifiesta de que la empresa estatal pretende enmendar su hoja de ruta y comenzar a hacer bien las cosas, para desarrollar un efectivo plan de mitigación de los sendos perjuicios que se le han producido. 

Al respecto, Felipe Olea, abogado del sindicato, sostuvo que "nuestros representados están cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, en donde no tienen derecho a voz ni voto, sobre lo que ha sido una verdadera política institucional de exterminio de la actividad pesquera en la zona, por más que se nos pretenda vender que en aras del progreso cualquier sacrificio debe ser soportado", agregando que, "nuestras autoridades y no sólo me refiero al actual directorio de EPV, haciendo eco de una forma de gobierno del siglo XVIII, pretenden ejercer un despotismo ilustrado, llevando a la práctica a raja tablas la consigna característica de 'todo para el pueblo, pero sin el pueblo', pero se olvidan, que el progreso no se puede construir de espaldas a la ciudadanía, por lo que mientras los pescadores no se sienten a la mesa como los principales interesados, todas las declaraciones que hagan desde senadores hasta el alcalde de respecto a sus anhelos de que se potencie la actividad portuaria sin referirse a esta problemática, de alguna forma desconocen el buen trabajo que esta realizando la autoridad ambiental, no haciendose cargo del problema".