6 de febrero de 2025
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio luz verde al desalojo de la toma de San Antonio, rechazando la solicitud de los cerca de 15.000 ocupantes de más tiempo para organizarse y comprar el terreno. Los pobladores argumentaron una gestión ineficaz por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y una violación a los protocolos de derechos humanos, pero la Corte determinó que no habría más plazo para el desalojo.
Desde finales de 2019, un grupo de familias comenzó a ocupar ilegalmente un terreno en el cerro Centinela de San Antonio, lo que escaló rápidamente durante la pandemia. Hoy, alrededor de 4.000 familias viven en la toma, convirtiéndola en una de las más grandes del país. A pesar de la presencia de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., que busca recuperar las 255 hectáreas, el conflicto no ha tenido una solución satisfactoria para ninguna de las partes.
El proceso judicial comenzó en junio de 2023, cuando la Corte de Apelaciones ordenó el desalojo en un plazo de cuatro meses, el cual expiró el pasado 31 de enero. Sin embargo, los ocupantes pidieron más tiempo para organizarse en cooperativas y poder comprar el terreno. El Tribunal rechazó la solicitud, dando vía libre a la inmobiliaria para notificar el desalojo y, de no cumplirse, recurrir a las fuerzas de orden público.
Los pobladores, que alegaron no haber recibido el apoyo necesario del Estado para llevar a cabo la compra del terreno, han manifestado que las coordinaciones con el Minvu fueron deficientes y no se cumplieron los protocolos internacionales de derechos humanos. A pesar de ello, la Corte de Apelaciones ratificó su decisión y ahora el desalojo será llevado a cabo con la posibilidad de intervención policial, lo que podría generar un conflicto complejo en la zona.
Aunque la decisión judicial está tomada, los ocupantes aún tienen la opción de apelar ante la Corte Suprema, lo que podría extender el proceso en los próximos días.