20 de noviembre de 2024
Resguardar que la destinación y ejecución de los recursos provenientes del royalty minero que reciben los municipios sea de la forma más transparente posible es la motivación que sustentó la presentación de un proyecto de ley que respaldó en forma unánime la Sala de la Cámara y derivó a segundo trámite.
Según se recuerda en el texto, el 1 de enero de 2024 comenzó a regir la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial; y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.
Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.
Tal como se detalla, parte de estos recursos comenzarán a entregarse en 2024 y se ampliarán en 2025. Esto significa un apoyo directo a 307 municipios. En este contexto, se estima necesario dar a su utilización la necesaria transparencia y evitar un mal uso. “La mayor recaudación fiscal que implica el royalty debe ser una oportunidad de crecimiento y no una problemática”, se sentencia en la moción.
En tal plano, el proyecto robustece el contenido de la cuenta pública anual que deben realizar las municipalidades. Así, se incorporan nuevas materias a informar. De ahí que la propuesta obliga a incluir en esta rendición el uso y destinación de los fondos recibidos por la Ley 21.591. Además, se deberá comunicar sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado.