Mérito, transparencia y probidad son los pilares del proyecto presentado por el Gobierno el cual busca reformar el proceso de nombramientos de jueces, juezas y ministros en sus distintos niveles. Se trata de la mayor transformación en el Poder Judicial de las últimas tres décadas, la que busca garantizar que estos nombramientos se realicen a partir de concursos competitivos que evalúen las capacidades y trayectorias de los candidatos, asegurando altos estándares de transparencia y objetividad en el proceso. Para ello, entre otras medidas, se creará el Consejo de Nombramientos de Jueces, que será responsable de seleccionar candidatos y candidatas en base a criterios objetivos relacionados al mérito. Este consejo contará con una integración mayoritaria del Poder Judicial seleccionada por sorteo y con mandatos limitados a cinco años, sin posibilidad de reelección. Este nuevo sistema separará, además, las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema, transfiriendo la gestión administrativa a un organismo autónomo que rinda cuentas a la Contraloría. Con esta medida, los jueces tendrán más tiempo para resolver casos y dictar sentencias en vez de estar ocupados en tareas administrativas. También, fortalecerán las atribuciones de la Fiscalía Judicial, que tendrá herramientas para evaluar los conflictos de interés y realizar investigaciones a las infracciones a la probidad.
Mérito, transparencia y probidad son los pilares del proyecto presentado por el Gobierno el cual busca reformar el proceso de nombramientos de jueces, juezas y ministros en sus distintos niveles. Se trata de la mayor transformación en el Poder Judicial de las últimas tres décadas, la que busca garantizar que estos nombramientos se realicen a partir de concursos competitivos que evalúen las capacidades y trayectorias de los candidatos, asegurando altos estándares de transparencia y objetividad en el proceso. Para ello, entre otras medidas, se creará el Consejo de Nombramientos de Jueces, que será responsable de seleccionar candidatos y candidatas en base a criterios objetivos relacionados al mérito. Este consejo contará con una integración mayoritaria del Poder Judicial seleccionada por sorteo y con mandatos limitados a cinco años, sin posibilidad de reelección. Este nuevo sistema separará, además, las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema, transfiriendo la gestión administrativa a un organismo autónomo que rinda cuentas a la Contraloría. Con esta medida, los jueces tendrán más tiempo para resolver casos y dictar sentencias en vez de estar ocupados en tareas administrativas. También, fortalecerán las atribuciones de la Fiscalía Judicial, que tendrá herramientas para evaluar los conflictos de interés y realizar investigaciones a las infracciones a la probidad.
