A un año de la puesta en marcha de la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas por pensión de alimentos, las seremis de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Lazo Molina, y de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, hicieron un llamado a seguir formalizando este tipo de deudas ante los Tribunales de Familia, pues, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estos recursos que se destinan para su mantención y desarrollo. Recordaron, también, que la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas por pensión de alimentos junto al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, son iniciativas que forman parte de una misma institucionalidad creada para mejorar el cumplimiento en el pago de pensiones en nuestro país. Así, el Registro Nacional de Deudores crea incentivos a través de sanciones a la morosidad y ordena realizar algunas retenciones de fondos, mientras que la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo establece un mecanismo de pago permanente de las pensiones de alimentos adeudadas. En relación al trabajo de difusión a través del cual se ha estado dando a conocer detalles de esta ley, la seremi Lazo comentó que “en el pago de pensión de alimentos, hemos estado, fundamentalmente, en terreno, con juntas de vecinos para poder resolver dudas y ver cuáles son las inquietudes o la propia evaluación de las personas porque, una cosa es tener las cifras, saber cuál ha sido el impacto en términos bancarios, en términos del sistema, pero otro es el impacto en el día cotidiano”. Lazo, agregó que hoy, como país, contamos con una nueva institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile, y que la Ley de pago efectivo de pensiones alimenticias, que este mes cumple un año desde su puesta en marcha, permite una acción más activa de los órganos del Estado, los que cuentan con más herramientas para investigar el patrimonio de las personas deudoras y obtener el pago efectivo de las deudas. Además, la seremi Gutiérrez señaló que “parte de los desafíos que tiene el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la Ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, tiene que ver con que el Estado se haga cargo de esta problemática. Esto es un problema social que tiene que ver con que las personas no se hacer cargo de sus deudas respecto de niños, niñas y adolescentes, particularmente, de hijas e hijos, y la gente nos pregunta en la calle, cuando tenemos charlas, bueno y cuándo se aplican las sanciones porque en mi caso no ha funcionado, o quién me explica una resolución judicial”. Finalmente, las autoridades recordaron que el no pago de pensiones alimenticias es una forma de violencia económica contra las mujeres y una expresión de abandono parental, y que, por ello, como Gobierno se ha dado prioridad al avance de esta nueva institucionalidad, mejorando la implementación del sistema y concretando diversas iniciativas, como la inyección de más de $11 mil millones, para agilizar los procesos y disponer de más funcionarios en los Tribunales de Familia, por ejemplo.
A un año de la puesta en marcha de la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas por pensión de alimentos, las seremis de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Lazo Molina, y de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, hicieron un llamado a seguir formalizando este tipo de deudas ante los Tribunales de Familia, pues, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estos recursos que se destinan para su mantención y desarrollo. Recordaron, también, que la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas por pensión de alimentos junto al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, son iniciativas que forman parte de una misma institucionalidad creada para mejorar el cumplimiento en el pago de pensiones en nuestro país. Así, el Registro Nacional de Deudores crea incentivos a través de sanciones a la morosidad y ordena realizar algunas retenciones de fondos, mientras que la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo establece un mecanismo de pago permanente de las pensiones de alimentos adeudadas. En relación al trabajo de difusión a través del cual se ha estado dando a conocer detalles de esta ley, la seremi Lazo comentó que “en el pago de pensión de alimentos, hemos estado, fundamentalmente, en terreno, con juntas de vecinos para poder resolver dudas y ver cuáles son las inquietudes o la propia evaluación de las personas porque, una cosa es tener las cifras, saber cuál ha sido el impacto en términos bancarios, en términos del sistema, pero otro es el impacto en el día cotidiano”. Lazo, agregó que hoy, como país, contamos con una nueva institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile, y que la Ley de pago efectivo de pensiones alimenticias, que este mes cumple un año desde su puesta en marcha, permite una acción más activa de los órganos del Estado, los que cuentan con más herramientas para investigar el patrimonio de las personas deudoras y obtener el pago efectivo de las deudas. Además, la seremi Gutiérrez señaló que “parte de los desafíos que tiene el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la Ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, tiene que ver con que el Estado se haga cargo de esta problemática. Esto es un problema social que tiene que ver con que las personas no se hacer cargo de sus deudas respecto de niños, niñas y adolescentes, particularmente, de hijas e hijos, y la gente nos pregunta en la calle, cuando tenemos charlas, bueno y cuándo se aplican las sanciones porque en mi caso no ha funcionado, o quién me explica una resolución judicial”. Finalmente, las autoridades recordaron que el no pago de pensiones alimenticias es una forma de violencia económica contra las mujeres y una expresión de abandono parental, y que, por ello, como Gobierno se ha dado prioridad al avance de esta nueva institucionalidad, mejorando la implementación del sistema y concretando diversas iniciativas, como la inyección de más de $11 mil millones, para agilizar los procesos y disponer de más funcionarios en los Tribunales de Familia, por ejemplo.
