La Sala de la Cámara aprobó con modificaciones -por 102 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones- el proyecto que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. El texto -de origen en una moción de senadoras y senadores- debe ahora ser visto por el Senado en tercer trámite. El texto, aprobado en general el pasado 6 de agosto, plantea que el aumento de penas y multas no son suficientes para combatir el delito de robo de cables y hay que dotar de mayores herramientas legales a las entidades persecutorias. La propuesta original del Senado planteaba tres cambios en diversos artículos legales: Modificar el concepto de telefonía por “telecomunicaciones, equipos e instalaciones”; aumentar la sanción en el caso que el robo provoque una interrupción de un servicio público o domiciliario; y aumentar la multa por receptación. En cambio, el proyecto propuesto por la Sala de la Cámara agrega en los conceptos las redes de transporte y servicios de tecnologías de la información. Además, fijó agravantes a la sanción actual y un aumento de penalidades en la ordenanza de Aduanas, para combatir el contrabando. Actualmente, la pena por el delito de robo o hurto es de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años). Pero, si con ocasión de la perpetración del delito se provoca la suspensión o afectación de un suministro público o domiciliario, la pena se aplica en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).
La Sala de la Cámara aprobó con modificaciones -por 102 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones- el proyecto que sanciona los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. El texto -de origen en una moción de senadoras y senadores- debe ahora ser visto por el Senado en tercer trámite. El texto, aprobado en general el pasado 6 de agosto, plantea que el aumento de penas y multas no son suficientes para combatir el delito de robo de cables y hay que dotar de mayores herramientas legales a las entidades persecutorias. La propuesta original del Senado planteaba tres cambios en diversos artículos legales: Modificar el concepto de telefonía por “telecomunicaciones, equipos e instalaciones”; aumentar la sanción en el caso que el robo provoque una interrupción de un servicio público o domiciliario; y aumentar la multa por receptación. En cambio, el proyecto propuesto por la Sala de la Cámara agrega en los conceptos las redes de transporte y servicios de tecnologías de la información. Además, fijó agravantes a la sanción actual y un aumento de penalidades en la ordenanza de Aduanas, para combatir el contrabando. Actualmente, la pena por el delito de robo o hurto es de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años). Pero, si con ocasión de la perpetración del delito se provoca la suspensión o afectación de un suministro público o domiciliario, la pena se aplica en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).
