La madrugada del 31 de marzo quedó marcada por una tragedia que estremeció a la provincia de San Antonio y al país, con las muertes de Trinidad Bunster y Agustina Espinoza, de apenas 20 y 19 años, fallecidas en un accidente causado por un chofer borracho en un caso del que surge una inquietante narrativa de evidente desigualdad en la justicia chilena. José Ignacio Venturino Saporta, conductor de un BMW de alta gama que viajaba a más de 170 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol, es el protagonista del fatídico desenlace que se cobró la vida de las dos jóvenes estudiantes de derecho que viajaban en su automóvil. La noche del 31 de marzo, el destino fue severo con Trinidad y Agustina. El testimonio del chofer de colectivo Ramón Raúl Cornejo Rojas revela los crueles detalles del accidente: un auto destrozado contra un árbol a un costado del camino, dos cuerpos desangrándose en la vía, y un conductor ausente, no por lesiones físicas, sino por la voluntad de esconderse. Según el relato de este testigo José Venturino y su acompañante, Javier Avilés, emergieron del bosque como verdaderas sombras huidizas, no manifestando nunca una señal de piedad por las estudiantes que agonizaban en el camino. Lo que hace que este caso se eleve a un nivel aún más perturbador es la actitud del imputado. José Ignacio Venturino no solo estaba ebrio, no solo iba a una velocidad criminal, sino que tampoco mostró ningún ánimo de ayudar. El contraste es abrumador cuando se compara este hecho policial con otro caso de conducción temeraria en San Antonio. En octubre del año pasado un conductor ebrio sin el poder económico de José Ignacio Venturino Saporta atropelló a un peatón en la avenida Barros Luco, matándolo instantáneamente. A diferencia de Venturino, este hombre fue detenido en el acto y desde el mismo del accidente estuvo en prisión y ya fue condenado, sin poder recurrir a influencias ni abogados de renombre que maticen las consecuencias de su imprudencia. La justicia en su caso fue rápida y directa, una sentencia inmediata como suele ocurrir en Chile para personas que no tiene los recursos ni la influencia de José Ignacio Venturino Saporta. Las familias de Trinidad Bunster y Agustina Espinoza interpusieron una nueva querella, esta vez por omisión de auxilio, argumentando que el imputado y su copiloto no solo causaron el accidente, sino que también abandonaron a las jóvenes a su suerte, despojándolas de cualquier posibilidad de sobrevivir. Tres llamadas se registraron en la Central de Comunicaciones de Carabineros solicitando ayuda aquella noche, pero ninguna de ellas fue hecha por José Venturino o Javier Avilés. En el desenlace de esta crónica, queda la amarga pregunta sobre la equidad en nuestro sistema judicial. Para las familias de Trinidad y Agustina, no hay consuelo. La querella por omisión de auxilio es solo un pequeño paso en su búsqueda de justicia, pero para muchos observadores, es un reflejo de algo mucho más profundo: una justicia que demasiadas veces acostumbra a inclinarse ante el peso del apellido y la fortuna.
La madrugada del 31 de marzo quedó marcada por una tragedia que estremeció a la provincia de San Antonio y al país, con las muertes de Trinidad Bunster y Agustina Espinoza, de apenas 20 y 19 años, fallecidas en un accidente causado por un chofer borracho en un caso del que surge una inquietante narrativa de evidente desigualdad en la justicia chilena. José Ignacio Venturino Saporta, conductor de un BMW de alta gama que viajaba a más de 170 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol, es el protagonista del fatídico desenlace que se cobró la vida de las dos jóvenes estudiantes de derecho que viajaban en su automóvil. La noche del 31 de marzo, el destino fue severo con Trinidad y Agustina. El testimonio del chofer de colectivo Ramón Raúl Cornejo Rojas revela los crueles detalles del accidente: un auto destrozado contra un árbol a un costado del camino, dos cuerpos desangrándose en la vía, y un conductor ausente, no por lesiones físicas, sino por la voluntad de esconderse. Según el relato de este testigo José Venturino y su acompañante, Javier Avilés, emergieron del bosque como verdaderas sombras huidizas, no manifestando nunca una señal de piedad por las estudiantes que agonizaban en el camino. Lo que hace que este caso se eleve a un nivel aún más perturbador es la actitud del imputado. José Ignacio Venturino no solo estaba ebrio, no solo iba a una velocidad criminal, sino que tampoco mostró ningún ánimo de ayudar. El contraste es abrumador cuando se compara este hecho policial con otro caso de conducción temeraria en San Antonio. En octubre del año pasado un conductor ebrio sin el poder económico de José Ignacio Venturino Saporta atropelló a un peatón en la avenida Barros Luco, matándolo instantáneamente. A diferencia de Venturino, este hombre fue detenido en el acto y desde el mismo del accidente estuvo en prisión y ya fue condenado, sin poder recurrir a influencias ni abogados de renombre que maticen las consecuencias de su imprudencia. La justicia en su caso fue rápida y directa, una sentencia inmediata como suele ocurrir en Chile para personas que no tiene los recursos ni la influencia de José Ignacio Venturino Saporta. Las familias de Trinidad Bunster y Agustina Espinoza interpusieron una nueva querella, esta vez por omisión de auxilio, argumentando que el imputado y su copiloto no solo causaron el accidente, sino que también abandonaron a las jóvenes a su suerte, despojándolas de cualquier posibilidad de sobrevivir. Tres llamadas se registraron en la Central de Comunicaciones de Carabineros solicitando ayuda aquella noche, pero ninguna de ellas fue hecha por José Venturino o Javier Avilés. En el desenlace de esta crónica, queda la amarga pregunta sobre la equidad en nuestro sistema judicial. Para las familias de Trinidad y Agustina, no hay consuelo. La querella por omisión de auxilio es solo un pequeño paso en su búsqueda de justicia, pero para muchos observadores, es un reflejo de algo mucho más profundo: una justicia que demasiadas veces acostumbra a inclinarse ante el peso del apellido y la fortuna.
