La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión general del proyecto de ley, de origen en mensaje y en primer trámite constitucional, que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que el lobby es una actividad lícita, pero que se tiene que explicitar y transparentar que se está planteando un interés particular. En ese sentido, recalcó que lo que no puede ocurrir es que una autoridad tome una decisión pensando en ese interés particular y afectando el interés general. Para ello, el presente proyecto modifica la Ley 20.730, para ampliar el concepto de lobby, establecer nuevos sujetos pasivos e imponer nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados. Además, modifica las sanciones, fija un portal único de lobby para que se pueda fiscalizar de mejor manera tanto para autoridades como ciudadanos, establece reglas de transparencia para comisiones asesoras, agendas abiertas de autoridades y transparencia en medios de comunicación. Por su parte, la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, afirmó que frente a un tema de crisis de confianza es importante fortalecer los instrumentos que permitan garantizar que el interés general siempre sea la base de la toma de decisiones. Al mismo tiempo, destacó que Chile ha estado en la avanzada al legislar sobre esta materia hace ya diez años. En esta perspectiva, precisó que hay aspectos que se pueden mejorar, partiendo de la citada ley de lobby está estructurada sobre el sujeto pasivo. Pero, ahora, se busca dar un vuelco ampliando la regulación de los sujetos activos.
La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión general del proyecto de ley, de origen en mensaje y en primer trámite constitucional, que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que el lobby es una actividad lícita, pero que se tiene que explicitar y transparentar que se está planteando un interés particular. En ese sentido, recalcó que lo que no puede ocurrir es que una autoridad tome una decisión pensando en ese interés particular y afectando el interés general. Para ello, el presente proyecto modifica la Ley 20.730, para ampliar el concepto de lobby, establecer nuevos sujetos pasivos e imponer nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados. Además, modifica las sanciones, fija un portal único de lobby para que se pueda fiscalizar de mejor manera tanto para autoridades como ciudadanos, establece reglas de transparencia para comisiones asesoras, agendas abiertas de autoridades y transparencia en medios de comunicación. Por su parte, la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, afirmó que frente a un tema de crisis de confianza es importante fortalecer los instrumentos que permitan garantizar que el interés general siempre sea la base de la toma de decisiones. Al mismo tiempo, destacó que Chile ha estado en la avanzada al legislar sobre esta materia hace ya diez años. En esta perspectiva, precisó que hay aspectos que se pueden mejorar, partiendo de la citada ley de lobby está estructurada sobre el sujeto pasivo. Pero, ahora, se busca dar un vuelco ampliando la regulación de los sujetos activos.
