Otorgar un apoyo adicional a las familias de menores ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los operadores de servicios sanitarios rurales, para enfrentar las alzas de las cuentas de suministro eléctrico durante los próximos semestres. Esa es la finalidad del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite. La medida es una respuesta del Ejecutivo para palear la citada alza derivada de la aplicación de nuevas normas vigentes para el sistema eléctrico a través de la Ley 21.667 (estabilización tarifaria). Para sus fines, la iniciativa triplica el número de hogares beneficiados por el subsidio eléctrico. Así, se alcanzaría la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Junto a esto, se aumenta el monto para aquellos hogares vulnerables pertenecientes a sistemas medianos. El texto también establece un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes. Asimismo, extiende a 2027 el subsidio eléctrico que expiraba en 2026. Adicionalmente, disminuye las tarifas a un determinado grupo de clientes. El proyecto obliga al Ministerio de Hacienda a hacer aportes anuales al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). Para 2025 y 2026, el monto será de $115 mil millones. Para 2027, será de $95 mil millones. Los dineros podrán incrementarse en estos años en $70 mil millones cada año, en tanto opere una sobretasa por emisiones de CO2. Estos dineros tendrán como única finalidad el financiamiento del subsidio transitorio. En línea con lo anterior, se establece una sobretasa al impuesto a las emisiones de CO2 a las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas. Se aplicará en 2025 y 2026 y será equivalente a US$5 por cada tonelada emitida. Se excluyen de este gravamen aquellas compañías que operen sobre la base de biomasa. De igual modo, las que operen exclusivamente en un sistema eléctrico cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200MW. Junto a lo anterior, se definía para los años 2025, 2026 y 2027 un “cargo FET” que fue eliminado en las votaciones. Este iba a aplicarse a todos los retiros que realizaran las empresas generadoras desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW a efectos de comercializarla con distribuidoras o clientes finales, estuvieran o no sujetos a regulación de precios. El Cargo FET tenía por objeto financiar el subsidio eléctrico, el que iba a recaudarse mensualmente por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional y traspasado para estos efectos al FET.
A pesar de que la construcción del recinto penitenciario ha provocado molestia en vecinos del sector, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseveró que la resolución firmada es inapelable. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio luz verde a la ampliación del penal Santiago 1 . Esto, ya que durante la tarde del martes se confirmó que el 16 de diciembre la cartera había firmado la resolución exenta que permitirá ampliar la cárcel, con el objetivo de poder traer a presos de alta peligrosidad. La situación, sin embargo, ha molestado a los vecinos del sector, ya que algunos dicen no sentirse escuchados y no haber participado de las mesas de diálogo. De todos modos, el camino ya está avanzando, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes , aseveró que la resolución es inapelable. La autoridad también indicó que se va a trabajar en un Decreto Supremo -proveniente del Ministerio de Justicia- que debería estar listo durante los primeros meses de 2025 para hacer las modificaciones a los planos reguladores que lo requieran. En medio de una actividad en la comuna de San Joaquín, el ministro de Vivienda se refirió a la situación, señalando que “se analizó, se conversó con bastante gente de los alrededores (…) Se procesó todo esto y a su vez se vio el marco normativo”. El alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, pidió recibir recursos para tratar las “incivilidades” que se producirán en el sector. “Los municipios siguen pagando el pato y se imponen leyes y situaciones, pero nunca vienen acompañadas de recursos, es decir, esa área la vamos a limpiar nosotros, si se transforma en un lugar de incivilidades, le vamos a tener que poner la seguridad nosotros también”, dijo. En la misma línea está el gobernador Claudio Orrego, quien expresó que ante la decisión pide al gobierno existencia un “plan de compensación y renovación urbana para los vecinos del sector y establecer metas y plazos claros respecto a la construcción dela cárcel”. Fuente: CNN Chile País
Otorgar un apoyo adicional a las familias de menores ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los operadores de servicios sanitarios rurales, para enfrentar las alzas de las cuentas de suministro eléctrico durante los próximos semestres. Esa es la finalidad del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite. La medida es una respuesta del Ejecutivo para palear la citada alza derivada de la aplicación de nuevas normas vigentes para el sistema eléctrico a través de la Ley 21.667 (estabilización tarifaria). Para sus fines, la iniciativa triplica el número de hogares beneficiados por el subsidio eléctrico. Así, se alcanzaría la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Junto a esto, se aumenta el monto para aquellos hogares vulnerables pertenecientes a sistemas medianos. El texto también establece un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes. Asimismo, extiende a 2027 el subsidio eléctrico que expiraba en 2026. Adicionalmente, disminuye las tarifas a un determinado grupo de clientes. El proyecto obliga al Ministerio de Hacienda a hacer aportes anuales al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). Para 2025 y 2026, el monto será de $115 mil millones. Para 2027, será de $95 mil millones. Los dineros podrán incrementarse en estos años en $70 mil millones cada año, en tanto opere una sobretasa por emisiones de CO2. Estos dineros tendrán como única finalidad el financiamiento del subsidio transitorio. En línea con lo anterior, se establece una sobretasa al impuesto a las emisiones de CO2 a las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas. Se aplicará en 2025 y 2026 y será equivalente a US$5 por cada tonelada emitida. Se excluyen de este gravamen aquellas compañías que operen sobre la base de biomasa. De igual modo, las que operen exclusivamente en un sistema eléctrico cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200MW. Junto a lo anterior, se definía para los años 2025, 2026 y 2027 un “cargo FET” que fue eliminado en las votaciones. Este iba a aplicarse a todos los retiros que realizaran las empresas generadoras desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW a efectos de comercializarla con distribuidoras o clientes finales, estuvieran o no sujetos a regulación de precios. El Cargo FET tenía por objeto financiar el subsidio eléctrico, el que iba a recaudarse mensualmente por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional y traspasado para estos efectos al FET.
A pesar de que la construcción del recinto penitenciario ha provocado molestia en vecinos del sector, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseveró que la resolución firmada es inapelable. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio luz verde a la ampliación del penal Santiago 1 . Esto, ya que durante la tarde del martes se confirmó que el 16 de diciembre la cartera había firmado la resolución exenta que permitirá ampliar la cárcel, con el objetivo de poder traer a presos de alta peligrosidad. La situación, sin embargo, ha molestado a los vecinos del sector, ya que algunos dicen no sentirse escuchados y no haber participado de las mesas de diálogo. De todos modos, el camino ya está avanzando, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes , aseveró que la resolución es inapelable. La autoridad también indicó que se va a trabajar en un Decreto Supremo -proveniente del Ministerio de Justicia- que debería estar listo durante los primeros meses de 2025 para hacer las modificaciones a los planos reguladores que lo requieran. En medio de una actividad en la comuna de San Joaquín, el ministro de Vivienda se refirió a la situación, señalando que “se analizó, se conversó con bastante gente de los alrededores (…) Se procesó todo esto y a su vez se vio el marco normativo”. El alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, pidió recibir recursos para tratar las “incivilidades” que se producirán en el sector. “Los municipios siguen pagando el pato y se imponen leyes y situaciones, pero nunca vienen acompañadas de recursos, es decir, esa área la vamos a limpiar nosotros, si se transforma en un lugar de incivilidades, le vamos a tener que poner la seguridad nosotros también”, dijo. En la misma línea está el gobernador Claudio Orrego, quien expresó que ante la decisión pide al gobierno existencia un “plan de compensación y renovación urbana para los vecinos del sector y establecer metas y plazos claros respecto a la construcción dela cárcel”. Fuente: CNN Chile País