23 de enero de 2025
Por 44 votos a favor y cero en contra, el Senado aprobó este lunes 22 de enero el proyecto de ley que establece una reparación económica para los profesores afectados por la deuda histórica, resultado de la falta de reajustes salariales durante la dictadura. La aprobación unánime en la Cámara Alta marcó un hito en la lucha que lleva más de 40 años y que finalmente será reconocida por el Estado.
Mario Aguilar Arévalo, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, calificó la decisión como “un pedacito de justicia”. En su intervención, Aguilar subrayó que esta reparación representa un avance luego de más de cuatro décadas de espera y destacó el trabajo colectivo de miles de docentes que, a lo largo de los años, han hecho propia esta causa. "Este pedacito de justicia ayuda a sanar heridas que han perdurado por generaciones".
El líder del gremio también resaltó la importancia del apoyo transversal de los parlamentarios, lo que demuestra que, cuando hay disposición, es posible alcanzar acuerdos y avances significativos, sin importar las diferencias ideológicas. "Esto demuestra que cuando existe sintonía con la necesidad social, se pueden lograr soluciones", señaló Aguilar.
El proyecto, que beneficiará a aproximadamente 57 mil docentes, establece un pago de 4,5 millones de pesos por persona, reajustable anualmente, y será entregado en un plazo de seis años, de 2025 a 2031. El pago será progresivo, comenzando por los docentes de mayor edad. Además, el proyecto contempla la transmisibilidad para los beneficiarios que fallezcan durante el proceso de pago.
La reparación es resultado de un proceso que se inició con la visita del nuevo directorio del Colegio de Profesores al Palacio de La Moneda en marzo de 2024, donde el Presidente Gabriel Boric ratificó su compromiso de enviar el proyecto. Posteriormente, en octubre de 2024, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó la propuesta de reparación. En diciembre del mismo año, el Presidente Boric envió el proyecto al Congreso Nacional, y el 8 de enero de 2025 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa por amplia mayoría.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto ahora queda despachado para convertirse en Ley de la República, lo que marca el cierre de una larga espera y un significativo paso hacia la reparación de una deuda histórica con los docentes de Chile.