Aduana de Valparaíso frustra exportación ilegal de más de 22 toneladas de cobre robado en el marco de la Operación Oro Rojo

Una fiscalización realizada en junio de 2024 por la Aduana Regional de Valparaíso permitió descubrir un intento de exportación ilegal de 22,6 toneladas de cobre robado, como parte de la Operación Oro Rojo, una investigación nacional liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo. 

El procedimiento aduanero detectó inconsistencias y omisiones en la documentación presentada por la empresa consignataria de la mercancía, que intentaba enviar 19 pallets con lingotes de cobre a Bélgica desde el puerto de Valparaíso. El cargamento, de 22.635 kilos, estaba valorizado en más de 171 mil dólares. 

A raíz de estos antecedentes, Aduanas presentó una denuncia por declaración maliciosamente falsa de origen, delito contemplado en la Ordenanza de Aduanas que puede acarrear penas de hasta 10 años de presidio y multas que van de 2 a 5 veces el valor de la mercancía. 

El director de la Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, enfatizó que este trabajo busca erradicar el robo de cobre en todas sus formas: “Es un delito que afecta la seguridad del país y que enfrentamos en coordinación con otras aduanas y organismos públicos, usando todas las herramientas legales disponibles”. 

Esta arista aduanera se integra a una investigación más amplia encabezada por la Fiscalía SACFI de Coquimbo y la PDI, que durante dos años logró desmantelar una estructura criminal internacional dedicada al robo y exportación ilegal de cobre. En total, se incautaron más de 50 mil kilos de cobre en distintas formas —cátodos, cables, láminas, lingotes— y se detuvo a 18 personas, de las cuales 15 quedaron en prisión preventiva tras cuatro días de audiencia. 

“La Operación Oro Rojo desarticuló esta organización criminal tras una compleja labor de análisis e inteligencia policial”, destacó el prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo. El Delegado Presidencial, Galo Luna, agregó que se priorizó este delito por su impacto en la vida de miles de personas, especialmente en zonas rurales. 

Según detalló el Fiscal Patricio Cooper, a los imputados se les formalizó por delitos tributarios, aduaneros, receptación reiterada, lavado de activos y asociación ilícita. La organización operaba desde regiones como Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Cruz, Quilicura y Lampa, procesando el cobre robado para enviarlo principalmente a India y Bélgica.