10 de septiembre de 2024
Un proyecto de ley que reformará el actual sistema de nombramiento de jueces en el Poder Judicial será enviado por el Gobierno antes de la primera quincena de octubre, confirmó el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La autoridad explicó que la actual situación que afecta a la Corte Suprema “es especialmente compleja. Por eso considera importante que sea la propia Corte la que tome sus decisiones. Y, por parte del sistema político, es relevante normalizar el funcionamiento de la Corte, ya que esta situación es muy compleja para el sistema de justicia”.
El ministro Cordero indicó que si bien la votación de los candidatos y candidatas a la Corte Suprema debería hacerse la primera semana de octubre, “el Ejecutivo ratifica su voluntad de ingresar el proyecto de reforma al sistema de nombramiento antes de la primera quincena del mes de octubre”.
Junto con lo anterior, explicó que “además de eso, hay aspectos que están vinculados a estas materias que están incorporadas en la Ley del Lobby 2.0 y otros aspectos que nos parecen relevantes tener en consideración en vez de la regulación de conflictos de interés, particularmente la profesión legal”.
"Yo creo que es importante transmitirles a todas las personas que la reforma al sistema de nombramiento, no es modificar simplemente el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, es modificar todo el sistema de nombramiento en el Poder Judicial, de hecho el Ejecutivo tiene una opinión sobre este punto”, agregó Luis Cordero, ministro de Justicia.
“Recuerden que en el proyecto de notarios y conservadores la posición del Ejecutivo ha sido sacar de toda la cadena del proceso de decisión de notarios y conservadores al Poder Judicial, que es lo que ha estado aprobando la Comisión de Constitución del Senado”, recordó el ministro.
Por su parte, la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en la vocería a los medios de comunicación de los días lunes, señaló que “nuestra democracia requiere protección y fortalecimiento y estos antecedentes de corrupción y delitos muy graves amenazan nuestra democracia y nuestras instituciones. Como Gobierno no basta en señalar el problema, sino que hay que tomar cartas en el asunto con acciones y propuestas. Necesitamos el resguardo de que nuestras instituciones van a poder funcionar con mejores estándares para que estas cosas no vuelvan a pasar”.